Inconsistencias en el artículo 344 del código procesal penal, en el supuesto de la muerte del imputado durante la investigación preparatoria, en casos con múltiples imputados

Abstract

Tiene como objetivo principal determinar la existencia de inconsistencias en el artículo 344 del Código Procesal Penal, en el supuesto de la muerte de un procesado en casos de múltiples imputados. El tipo de estudio correspondiente es una investigación aplicada de nivel descriptivo, realizado en el distrito judicial de Pasco. Esta investigación ha sido realizada a raíz de que la autora pudo observar la posibilidad de la existencia de una inconsistencia jurídica o un vacío legal en el artículo 344 del Código Procesal Penal peruano, manifestado en el hecho de la imposibilidad de extraer del proceso penal a un imputado que fallece durante la investigación preparatoria; en estas circunstancias la normatividad indicada no posibilita una institución o mecanismo jurídico que haga posible la extracción del imputado muerto, sino hasta que la investigación preparatoria haya concluido. Debemos tener en cuenta que, generalmente, las investigaciones en las cuales se tienen una pluralidad de imputados, ocurren comúnmente en los casos referidos a corrupción de funcionarios u organizaciones criminales y, por su naturaleza y complejidad, estas investigaciones pueden extenderse inicialmente hasta los 36 meses y, de acuerdo al requerimiento del fiscal, pueden ser prorrogadas hasta por 36 meses más. Así se da el caso de que uno de los imputados fallece, éste no podrá ser extraído de la investigación y en general del proceso porque, reitero, no existe una indicación explícita en la norma que haga posible su extracción. Es decir, durante todo el tiempo, que como ya dijimos puede ser muy prolongado, que dure la investigación preparatoria el imputado fallecido seguirá formando parte de la misma vulnerando, entre otros, su derecho a la dignidad y a la memoria, paralelamente y en forma completamente innecesaria, sus familiares se verán imposibilitados de realizar diversos trámites que comúnmente son propios de los derechohabientes cuando una persona fallece. Para esclarecer y determinar de manera fehaciente esta inconsistencia hemos optado por dos caminos: el de la consulta a juristas expertos y relacionados con el quehacer jurisdiccional, a los que hemos entrevistado con ayuda de un conjunto de preguntas que integraron un cuestionario estrictamente vinculado a los objetivos propuestos en la investigación, de tal forma que al obtener sus respuestas, nos hemos dado cuenta que un gran porcentaje de ellos no se han percatado de la existencia de dicha inconsistencia, un pequeño porcentaje, sin embargo, manifestó que ciertamente dichas inconsistencias existen y han propuesto alternativas de solución que hemos consignado en nuestras conclusiones. Paralelamente a las entrevistas con los expertos se ha realizado el análisis dogmático, bibliográfico y exegético del problema, demostrando fehacientemente la existencia de dicha inconsistencia para que, finalmente se realice la propuesta de las alternativas de solución que se manifestaron como el uso del derecho supletorio por parte del juzgador, la modificación de la norma para que incluya, explícitamente, un mecanismo de extracción del procesado fallecido del proceso penal, así como también la posibilidad de que el abogado defensor o los familiares del fallecido puedan solicitar, de manera excepcional, la extinción de la acción penal con respecto al imputado fallecido.